El presidente de la cámara de comercio Industria, agricultura Ganaderia vial y servicio de General alvear y directivos de la misma, participaron junto a Acovi, las cámaras de Comercio de Tunuyán, Tupungato,y San Rafael, la Asociación de Productores en Acción, Aproem, el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Bodegas de Argentina, Coviar, Fondo Vitivinícola, Sociedad Rural del Valle de Uco, Asociación de Viñateros de Mendoza, Fecovita, Federación de Inspectores de Cauce y Unión Vitivinícola Argentina, Con el ministro de infraestructura Martin Kerchner en Casa de Gobierno en el tratamiento sobre la ley de lobesia botrana.
Se consensuo que el sector vitivinícola acompañe el proyecto legislativo que propone un desembolso tripartito para combatir la polilla de la vid, a partir de setiembre, cuando deben empezar a colgarse las feromonas que se utilizan en la técnica de confusión sexual.
Si bien desde las entidades mostraron resistencia por los $1.500 por hectárea, en cuatro cuotas, que tienen que invertir para hacer frente a la campaña, todos coincidieron en la necesidad de llevar adelante la lucha contra la polilla que, desde 2010, afecta las vides de la provincia, caso contrario cada productor particular debería hacer frente a un valor que rondaría los $3900 teniendo en cuenta que cada difusor ( Rack 2 baft )promedia los$$ 0.60 y es necesario contar con 250 por Hectárea.
«Hemos encontrado un punto de acuerdo en que hay que hacer el ataque contra la Lobesia, pero si no está esa ley, no se puede hacer, indicó el ministro, y detalló que en la reunión las cámaras «han pedido que llevemos de cinco a más hectáreas la cobertura. Ya hemos acordado que puede estar el orden de las 10 hectáreas, aunque algunos piden 25, pero vamos a ver cuál es la mejor metodología para que podamos exceptuar
Si se fija el mínimo no imponible de 10 hectáreas, el cual en principio era de 5 , así más del 70% de los productores de la provincia quedarían exceptuados, es decir 7.500 productores no pagarían, y los que sí tengan que hacer el aporte lo podrán financiar hasta mayo de 2019.
Otro de los pedidos de las entidades a los que accedió el Gobierno provincial es achicar la vigencia de la norma para que no sea mayor a dos años y que, luego, sea revisada por un comité científico-técnico donde participen los sectores privados.
También el Ejecutivo aceptó que aquellos que estén declarados en emergencia, porque han perdido su cosecha, no paguen.
